El inicio de su intervención lo dedicó a plantear una serie de iniciativas para contrarrestar la desaceleración económica. Después, se refirió a la inmigración como “una oportunidad”, siempre que sea “regulada y organizada”, y añadió que el cambio de ciclo económico hace necesarias nuevas medidas, entre ellas la vuelta a su país de los que no tengan trabajo.
La inmigración en España sigue siendo un reto para el gobierno español, debido al fuerte incremento del número de inmigrantes, que hoy día representan en torno a un 11 por ciento de los 45 millones de habitantes del país.
Pese a que los controles son ahora más estrictos, sigue habiendo muchos en situación ilegal. La desaceleración económica y en particular la crisis del sector de la construcción han golpeado sobre todo a los trabajadores extranjeros, muchos de ellos procedentes de Marruecos (el mayor colectivo inmigrante en España), Rumanía, Ecuador o Colombia. El número de inmigrantes sin empleo supera ya las 400.000 personas.
Como medidas propuestas, Zapatero destacó incentivar el “retorno voluntario” de los inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo pagándoles de una sola vez el subsidio de desempleo que les corresponda por los años trabajados o concediéndoles un microcrédito para levantar un negocio en sus países. Además quiere extremar la lucha contra la inmigración ilegal.
“Tendremos que promover fórmulas nuevas que incentiven a los inmigrantes que puedan perder su trabajo a volver a su país para desarrollar allí definitivamente su vida”, dijo el presidente del gobierno español, quien añadió que los trabajadores extranjeros que quieran permanecer deberán hacerlo con empleo y de manera legal; al tiempo que rechazó que la inmigración sea vista “sólo como un problema”.
Para el presidente en funciones, los extranjeros con su trabajo contribuyen a la riqueza económica, social y cultural de España, además de jugar un papel fundamental en la sostenibilidad del modelo social y del sistema de pensiones.
Economía, Igualdad, Terrorismo y Justicia, los otros grandes temas para los españoles
Los temas que más abordó Zapatero en su discurso del debate de investidura fueron los relacionados con la economía española. Entre otros puntos, se comprometió a aprobar cuanto antes medidas ya anunciadas como la deducción de 400 euros en el IRPF, el aumento del salario mínimo hasta los 850 euros por jubilación con cónyuge y 700 para las viudedades de más de 65 años, el plan de recolocación para los parados del sector de la construcción o la ampliación del plazo del pago de las hipotecas. También anunció bonificación a los empresarios que contraten mujeres mayores de 45 años, para facilitar la reinserción de este colectivo, así como su compromiso de lograr acabar con la desigualdad "más irritante" entre hombres y mujeres: la salarial, porque "no se puede consentir que una mujer cobre un solo euro menos que un hombre por el mismo trabajo".
Respecto al tema de las autonomías, recordó que en esta legislatura se abordará la revisión del sistema de financiación autonómica y aseguró que se garantizará la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, aunque también la del Estado, que "mantendrá al menos el 50 por ciento del gasto público".
Sobre la lucha contra el terrorismo, el líder socialista y presidente del gobierno español por segunda vez consecutiva afirmó que ETA ha desaprovechado las "oportunidades" que la democracia le ha ofrecido "sin renunciar" a sus principios; por lo que ahora es precisa una estrategia antiterrorista compartida por "todos" los partidos. En materia de seguridad además propone un aumento de los efectivos de las fuerzas de seguridad a 140.000 agentes.
Respecto a la Justicia, Zapatero propuso un acuerdo urgente para modernizar la justicia y renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, un plan de nuevas tecnologías para agilizar los trámites judiciales, el desarrollo de consejos de justicia en las distintas comunidades autónomas; para evitar de este modo la opacidad del sistema judicial, así como acabar con la politización de la justicia, un lastre que mantiene bloqueado la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y del Tribunal Constitucional.
(12/04/08)