El presidente de esta asociación, Ramdam Mesaud Larbi, ha encabezado la rueda de prensa, acompañado por los abogados que van a presentar dentro de una semana la querella ante la Audiencia Nacional española.
La denuncia que presenta esta asociación en nombre de un grupo de saharauis que difieren de la línea del Frente Polisario, alega “diversos delitos como tortura, asesinatos y desapariciones; todo el catálogo que contempla el código penal español sobre violación de derechos humanos”, afirmó el abogado José Manuel Romero, en representación del gabinete de abogados ORS que se encarga del caso.
El hecho de presentar la querella ante la Audiencia Nacional española se debe a que un buen número de víctimas tienen nacionalidad española, además de la marroquí, y porque “Madrid, como capital española, es una capital que busca el entendimiento entre civilizaciones y confiamos en que también sea la capital de la justicia”, añadió Dahi Aguay, uno de los saharauis que encabezan la denuncia, y que fue miembro fundador del Frente Polisario.
Varios nombres importantes han salido a la luz como responsables de los presuntos delitos de violación. En concreto, el representante oficial del Frente Polisario en España, Brahim Gali, el Ministro de Información de la autoproclamada República Saharaui, Sid Ahmed Batal, y el Ministro de Educación Bachir Mustafá Sabed.
Además, otros miembros del Polisario han sido acusados de torturar a la población saharaui, como el actual coordinador del Frente Polisario con la ONU sobre el conflicto del Sáhara, Mohamed Khadad, y Mahfoud Ali Beiba, antiguo Primer Ministro de la República Saharaui.
Asimismo, Ramdan Mesaud Larbi, declaró que en la denuncia también se presentan cargos contra miembros de seguridad argelinos, como cómplices de las violaciones inflingidas por el Polisario a parte de la población saharaui, que está “desaparecida, muerta o con secuelas de por vida”.
José Manuel Romero Gonzalez, uno de los abogados, ha señalado al comienzo de la rueda de prensa que han estudiado el caso exhaustivamente, visitando Laayún, y poseen una amplia lista de testigos y de víctimas que van a presentar ante la Audiencia Nacional.
“Yo aún hoy, tras salir de la cárcel en la que estuve seis años, no sé cuál fue mi pecado. Sólo por opinar distinto a la línea del frente Polisario, te consideran un agente español o marroquí”, comenzó su intervención Houcine Baida, militante saharaui por los derechos del Hombre y presidente de los Derechos Humanos del CORCAS (Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara).
“Es increíble que hoy, en Madrid, estén tranquilamente paseándose los que me arrestaron y torturaron durante seis años en los campos de refugiados del Tinduf”, añadió Baida en referencia a Brahim Ghali, Mohamed Khadad y Mahfoud Ali Beiba.
En la rueda de prensa también estuvo presente Saidani Maalainine, miembro del CORCAS e hija de El Waly Cheik Slama, un preso político que murió torturado tras ser tachado de traidor. En su duro testimonio, Saadani destacó que “no culpa al pueblo saharaui, que también ha sido víctima engañada como yo”, y lo único que espera ella y gente como ella es que “se haga justicia y demuestre que hay manos teñidas de sangre roja”, que no deben salir impunes.
Houcine Baida destacó que la política va por un lado, y la ASADEDH está de acuerdo con las negociaciones entabladas entre Marruecos y el Frente Polisario bajo el auspicio de la ONU. Pero recordó que este caso, el Frente Polisario se presenta como víctimas cuando también han cometido graves violaciones de derechos humanos que no deben pasar por alto.
Ante la posible reacción de estas declaraciones por parte del Frente Polisario, Dahi Aguay añadió que “el Polisario no puede desmentir lo que afirmamos. No pueden desmentir mi realidad de preso, y estoy dispuesto a explicar y demostrar cada una de las denuncias que se van a presentar” dentro de una semana ante el juzgado general de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Esta querella iría al hilo de la también realizada por asociaciones pro-saharauis contra dirigentes marroquíes sobre lo ocurrido en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987, y que el juez Baltasar Garzón ha aceptado investigar.
Algo se hace evidente, y es que en un conflicto, nada es blanco o negro, sino que hay una inmensa paleta de grises en el que quien sufre realmente es la población civil.
(05/12/07)