El juez instructor de Casablanca inculpó el pasado viernes 23 de constitución de banda criminal, tráfico de droga y corrupción a veintinueve miembros de la Marina Real (entre los que figuran cinco comandantes), a 17 gendarmes y a 15 agentes de las Fuerzas Auxiliares. Casi todos ellos estaban destinados en Nador, pero ya han ingresado en la prisión de Oukacha (Casablanca). El enojo de la monarquía alauí se ha visto reflejado en la destitución del inspector jefe de la Marina Real, el almirante Mohamed Berrada, una forma de castigo por su negligencia, según el diario Al Jarida al Oula. Algo que puede sucederle a otros altos cargos de las Fuerzas Armadas Reales.
Por hacer la vista gorda, las fuerzas de seguridad cobraban, según el semanario Le Journal de Casablanca, entre 9 y 18 euros por cada kilo embarcado, así que podían llegar a embolsarse, en el mejor de los casos, hasta 90.000 euros por cada planeadora que se echaba a la mar.
La investigación se inició el 11 de enero con la detención de un ‘barón’ de la droga en Nador que se dedicaba a transportar el hachís a España y al Benelux: el marroquí Mohamed Lghani. El desmantelamiento de esta red, que disponía de medios financieros, logísticos y humanos, ha puesto al descubierto las complicidades de las que gozan los traficantes entre militares y fuerzas de seguridad dedicadas, en teoría, a combatirles.
No es la primera vez que militares y policías marroquíes van a ser juzgados por beneficiarse del narcotráfico, pero nunca se había detenido a un grupo tan numeroso de uniformados. Ya en el verano de 2006, la policía echó el guante a Mohamed Kharraz, un destacado traficante, que denunció a su vez a 36 militares, gendarmes y policías que acabaron siendo condenados. Entre ellos figuraba el comisario jefe de la seguridad de los palacios reales, Abdelaziz Izzou, que aún hoy cumple condena en Oukacha.
La alarma saltó cuando las autoridades de los países escandinavos informaron sobre el desmantelamiento de una red compuesta por 30 personas sospechosas de tráfico de droga, que llevaban con ellos 6 millones de coronas noruegas. Gracias a esta información, por primera vez Marruecos denuncia la implicación de países extranjeros en el narcotráfico de droga marroquí, establecidos principalmente en España, Bélgica y Holanda. Esto ha puesto al descubierto que quienes más se benefician con el narcotráfico son las mafias extranjeras, ya que el agricultor sólo recibe por término medio 50.000 dirhams al año. Concretamente en el tráfico de droga desde el país magrebí participan muchos españoles y prueba de ello es que a día de hoy 219 están encarcelados en Marruecos por este delito.
Todas estas detenciones vienen acompañadas de un acercamiento en la cooperación bilateral entre España y Marruecos para luchar contra el tráfico internacional de drogas. Para intensificar esta cooperación viajó hasta Rabat el director general de la Policía y la Guardia Civil española, Francisco Javier Velásquez.
El ministro del Interior marroquí, Chakib Benmusa, se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de droga, asegurando que desde 2003 la superficie agrícola dedicada al hachís ha disminuido un 55% (de 134.000 hectáreas a 60.000) y que la producción se ha reducido aún más (65%). Su objetivo es que a finales de este año tan sólo 50.000 hectáreas se consagren al hachís. Rabat también se siente complacido con sus resultados en la lucha contra el tráfico y el cultivo de hachís, ya que a lo largo del pasado año incautó 110,8 toneladas.
Tolerancia cero para el tráfico de drogas es el objetivo de los principales servicios marroquíes encargados de la lucha contra la droga. Las instrucciones son muy firmes desde comienzos del 2009, ya que está en juego la imagen del reino aluí en el extranjero. Marruecos quiere acabar con este problema animando a los campesinos a optar por cultivos de sustitución.
El desenlace de esta operación se conocerá en los próximos días mientras que se refuerzan las medidas de vigilancia y control en todos los puntos fronterizos. La prensa marroquí asegura que los 18 civiles apresados son "pesos plumas" de la red y que los verdaderos capos han huido, algunos de ellos a Melilla. Dos docenas de sospechosos están en busca y captura.
(26/01/09)