(10/04/12).- La corrupción en Marruecos se ha transformado con los años en un mal endémico. Ya en los años 90, el rey Hassan II declaró “la guerra” contra esta gangrena, y el Primer ministro de la alternancia, el socialista Abderraman Yussufi, la puso en cabeza de sus prioridades. Veinte años después, el mal sigue latente y el nuevo gobierno islamista se propone erradicarlo. El nuevo gobierno islamista quiere llevar adelante sus promesas electorales de depurar la Justicia y reformar la Administración. Una tarea de gigante, de la que dudan los más escépticos.
El titular de Justicia, el abogado islamista Mustafa Ramid, ha presentado un balance poco optimista del funcionamiento del aparato judicial en el Reino. De los tres millones trescientos mil casos que llegaron a los tribunales marroquíes, únicamente pudieron tratar dos tercios de ellos. Mustafa Ramid se queja del poco número de magistrados y de la imposibilidad de tramitar los expedientes judiciales a tiempo.
En 2011 los tribunales han juzgado 4.000 casos de corrupción, lo que el ministro Ramid ha considerado “más que alarmante”. Según la organización Transparencia Internacional, el reino de Marruecos se encuentra en el puesto 80 de los 180 países escrutados por la ONG. Si bien está mejor catalogado que su vecino Argelia que ocupa el puesto 112, aunque por detrás de Túnez que se encuentra en el número 72. A todas luces la Instancia Central de Lucha contra la Corrupción, un organismo creado por directivas del rey Mohamed VI y puesto en marcha en 2007, no ha respondido a las expectativas suscitadas.