(19/01/10).- En este documento se señala que ‘en el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el registro del Ministerio del Interior’.
Desde la oposición, el Partido Popular hace una peculiar interpretación de este derecho, recogido en el artículo 6 de la ley de extranjería, al apoyar a los ayuntamientos para que puedan evitar los fraudes en los empadronamientos. En esta línea, defiende al alcalde de Torrejón, que desde el año 2008 realiza controles a modo de comprobación de la residencia de aquellos empadronados en el municipio.
Por otro lado, la Alcaldesa socialista de Salt (Girona) se niega a empadronar a extranjeros con visado de turista alegando que muchos inmigrantes que entran en el país con este tipo de visado tienen voluntad de quedarse en España. Sin embargo, mientras el inmigrante se encuentra en condición de turista, no tiene acceso a los derechos básicos.
Pese al Informe jurídico del bufete Roca Junyent, que avala la actuación del consistorio de Vic y entiende que ésta ‘no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley’, el Gobierno central ha sopesado el hecho de que sin padrón, los inmigrantes en situación ilegal no tienen acceso a derechos universales como la salud o la educación.