Aunque en la actualidad, tras la llegada de la izquierda al poder, la cuestión migratoria no parece tener ninguna incidencia negativa sobre las relaciones entre España y Marruecos, en la medida en que el gobierno de Rodríguez Zapatero prioriza el diálogo constructivo con sus socios marroquíes para tratar esta cuestión en un espíritu de confianza, de concertación y de respeto mutuo, todo parece indicar que esta cuestión volverá a tener el mismo impacto negativo sobre estas relaciones en el caso de que la derecha vuelva al poder dentro de dos años. Para convencerse de ello, basta con recordar cómo el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, a raíz de los acontecimientos trágicos sobrevenidos en Ceuta y Melilla entre finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, acusó a Marruecos de falta de voluntad en la lucha contra la inmigración clandestina haciéndolo al mismo tiempo el principal culpable de la situación:
"El Gobierno español tiene la obligación de exigir a Marruecos que acabe con esta situación y que cumpla con sus compromisos internacionales. Todos sabemos que miles de personas han sido llevadas en ferrocarril y autobuses a Ceuta y Melilla; todos sabemos que se han permitido asentamientos de miles de personas en los últimos meses y todos sabemos que preparar una operación para saltar una valla, no se hace sin la aquiescencia de esa autoridad ".
El mismo tono acusatorio fue adoptado por algunos analistas para quienes el gobierno marroquí no puede de ninguna manera ser considerado como un socio o un aliado estratégico de España en el Mediterráneo, sino el enemigo de los intereses españoles en esta área. A título de ejemplo, en su artículo « Melilla y la inmigración en las relaciones hispano-marroquíes », el sociólogo español Marcos Pérez González no vacila en acusar al gobierno marroquí de haber instrumentalizado los acontecimientos ocurridos en estos dos enclaves para reactivar otra vez más las reivindicaciones marroquíes sobre éstas, presionar al gobierno español y llevarle a abrir un diálogo sobre el futuro de las mismas:
"Un vistazo a lo sucedido en el siglo y medio que nos precede, muestra cómo el fenómeno de la inmigración siempre ha constituido, no sólo un problema para una ciudad fronteriza como Melilla, sino que ha sido utilizado de forma interesada por Marruecos en su política exterior hacia España y en concreto en la reivindicación de la soberanía de las dos ciudades norteafricanas. […] Marruecos hizo dejación de funciones al no impedir el paso de estos inmigrantes y además generó un nuevo conflicto en la ciudad al no querer readmitir a un contingente de inmigrantes subsaharianos que había sido expulsado de Melilla en julio de ese mismo año, debiendo permanecer dicho contingente en tierra de nadie durante un mes, pues Marruecos no admitió que pasaran a su territorio".
De su lado, Ana Camacho interpreta el hecho de que el asalto masivo de las fronteras de Ceuta y Melilla haya ocurrido en vísperas del encuentro de alto nivel hispano-marroquí de Sevilla y de la discusión de la continuidad de la misión de la Minurso en el Sáhara, como un intento de los dirigentes marroquíes para llevar al gobierno español a pronunciarse en favor de un arreglo favorable a la tesis marroquí con respecto a este territorio:
"No es una casualidad que las avalanchas de los inmigrantes africanos se hayan lanzado contra las ciudades autónomas justo en la víspera de un encuentro hispano-marroquí y cuando estaba a punto de discutirse en la ONU la continuidad de la misión de los cascos azules en el Sáhara. En un estado policial como es el de Mohamed VI es impensable que un ejército de africanos haya logrado organizarse y movilizarse sin que las fuerzas de seguridad lo supiesen y decidiesen como mínimo, dejar hacer."
Otro autor no ha encontrado el menor reparo en hacer un paralelismo entre la Marcha Verde y lo que ocurrió en las fronteras de Ceuta y Melilla para resaltar la falta de voluntad de cooperación de las autoridades marroquíes y su inconfesado deseo de instrumentalizar la « marcha » de los subsaharianos para cuestionar la presencia española en estas dos ciudades e invitar a las autoridades española a aceptar por fin la apertura de conversaciones sobre el futuro de estas últimas:
"Es patético hablar de buenas relaciones cuando el vecino permite que, en una sola noche, mil subsaharianos se paseen por su territorio con cientos de escaleras para saltar las vallas. No hay colaboración, sino instrumentación. Posiblemente el gobierno de Marruecos no interviene para dirigir a estos grupos. No le hace falta. […] si hace treinta años fue una Marcha Verde, organizada por el gobierno, ahora es otra marcha, sin necesidad de mayores preparativos, la que se encarga de poner en evidencia la difícil continuidad de la presencia española".
Sin tener el menor ánimo de objetividad, estos analistas que resaltan la supuesta mala fe de las autoridades marroquíes y su renuencia a cooperar con el gobierno español para luchar contra la inmigración ilegal, se olvidan de explicar, como lo ha subrayado el responsable de inmigración de Comisiones Obreras y presidente de la Comisión catalana de ayuda al refugiado, Miguel Pajares, que la frecuencia en un espacio de tiempo limitado de estos asaltos masivos protagonizados por los subsaharianos es debida a dos principales razones. La primera razón está relacionada con la decisión de las autoridades españolas de elevar la altura de la valla que separa Melilla de las fronteras marroquíes de tres a seis metros. La segunda razón tiene que ver con el acoso creciente de la policía marroquí contra los subsaharianos que se concentraban en las proximidades de la frontera hispano-marroquí".
Ante este acoso permanente y el temor de ver reducidas las posibilidades de traspaso de la frontera, sin olvidar la inminente llegada del invierno, no era una casualidad que los subsaharianos vieran en el asalto masivo de la frontera la única salida susceptible de permitirles alcanzar el suelo español.
Los autores que alegan que las autoridades marroquíes se sirven del tema de la emigración para llevar al gobierno español a aceptar su agenda bilateral y adoptar una actitud favorable a los intereses marroquíes, se olvidan que esta política es la que fue adoptada por el gobierno de José María Aznar con respecto a sus homólogos marroquíes a raíz del fracaso de las negociaciones pesqueras a principios del año 2001. ¿ No es este último quien, mediante sus amenazas y su instrumentalización de la cuestión migratoria y de la supuesta complicidad de las autoridades marroquíes en el aumento de los flujos marroquíes, quien intentaba intimidar al gobierno marroquí y llevarlo a reconsiderar su posición con respecto a las negociaciones pesqueras y aceptar la oferta europea ? No hay que llamarse a engaño y pasar por alto el hecho de que, siendo un caso representativo de las relaciones entre países del Norte y del Sur, en el caso de las relaciones entre España y Marruecos, no cabe la menor duda de que la relación de fuerzas se inclina en favor de aquélla, y que es insensato pensar que Marruecos pueda instrumentalizar algún que otro asunto para obligar al gobierno español a aceptar sus planteamientos en los diferentes contenciosos que les oponen.
No creemos que las autoridades marroquíes tengan el menor interés en instrumentalizar un tema sensible como el de la emigración, pues una actitud como ésta tendría consecuencias negativas a la vez para la imagen de Marruecos con respecto a sus socios europeos, y para la economía marroquí, máxime si tenemos en cuenta que España es el segundo socio económico de Marruecos y que es del interés de éste que sus relaciones con aquélla sigan marcadas por un espíritu de diálogo y de concertación y que no se produzca ninguna crisis bilateral susceptible de dar al traste con la cooperación económica y comercial entre los dos países y poner en peligro los logros que han realizado en este ámbito. Una actitud irresponsable de parte de Marruecos con respecto a esta cuestión es tanto más descartable, cuanto que ningún gobierno español como el presidido actualmente por José Luis Rodríguez Zapatero había hecho gestos de buena voluntad y ha mostrado tantas ganas de allanar las dificultades estructurales que imposibilitan todo verdadero acercamiento entre España y Marruecos.
Basta con recordar las intensas gestiones y los repetitivos viajes que ha realizado desde hace 2 años el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, para intentar sacar la cuestión del Sáhara de su estancamiento y encontrarle una solución definitiva acorde con los interese marroquíes. A estas gestiones se añaden los esfuerzos desplegados por la diplomacia española junto con la diplomacia francesa para convencer a la Unión Europea de conceder un trato privilegiado a Marruecos y destinarle fondos estructurales para ayudarle a dar un verdadero impulso a su desarrollo. Teniendo en cuenta la prioridad descomunal que tienen estas dos cuestiones en la agenda de la diplomacia marroquí, sería ingenuo pensar que las autoridades marroquíes puedan echar a perder todos los logros que han realizado durante los dos últimos años y que instrumentalicen la cuestión de los asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla en aras de llevar a las autoridades de Madrid a abrir un diálogo acerca del futuro de éstas.
De lo que se trata en este asunto de lucha contra los flujos de la emigración ilegal es de falta de medios materiales de los que adolecen los responsables marroquíes para llevar a cabo una vigilancia eficaz de sus costas. Que haya una categoría de altos funcionarios del Estado marroquí que sacan pingües beneficios de sus complicidad y connivencia con las mafias de la emigración ilegal, eso es innegable y es harto conocido. Pero no es porque hay un puñado de funcionarios corruptos y sin escrúpulos que se enriquecen a costa de los emigrantes ilegales, por que hay que acusar a todo un gobierno de falta de voluntad en la lucha contra la emigración ilegal o de complicidad con las mafias.
Por otra parte, es indispensable que las autoridades marroquíes asuman con más contundencia y determinación la responsabilidad de vigilar sus fronteras terrestres y marítimas para reducir la presión migratoria a la que España está expuesta actualmente. Sin embargo, habida cuenta de los costos que supone esta tarea y del hecho de que la emigración ilegal ya no concierne sólo a los marroquíes, sino más bien a los subsaharianos, los responsables europeos deberían admitir que Marruecos no puede asumir en solitario los gastos inherentes a la vigilancia de sus fronteras, y que habría que destinarle más recursos financieros acordes con lo complejo y costoso que es vigilar diariamente sus fronteras terrestres con Ceuta y Melilla y las aguas del Estrecho y de las Islas Canarias. Los autores y los analistas que ponen énfasis en la supuesta mala fe de los dirigentes marroquíes intentan sólo eludir todo cuestionamiento de la utilidad y el acierto de de las políticas migratorias autísticas adoptadas hasta la actualidad por los responsables españoles
Mal que le pese a los autores que denuncian con cerrazón la supuesta dejadez de las autoridades de Rabat en la lucha contra la emigración ilegal, la prueba más tangible de la buena voluntad de Marruecos de colaborar eficazmente con sus homólogas españolas y que da al traste con sus alegaciones infundadas, consiste en el hecho de que ya antes de la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, las autoridades de Rabat tomaron medidas drásticas para luchar contra los cabecillas de las mafias de la emigración ilegal.
Como lo subraya el periodista español Ignacio Cembrero, el desencadenante de este cambio de actitud de las autoridades marroquíes fue el naufragio el 25 de octubre de 2003 en las aguas del Estrecho de una patera que transportaba a cerca de un centenar de emigrantes clandestinos. Este dramático incidente que causó la muerte de 37 marroquíes conmocionó al rey Mohamed VI, el cual convocó a sus ministros y a los jefes de las fuerzas de seguridad y les ordenó que dieran una prioridad particular a la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos. Noviembre de 2003, subraya Ignacio Cembrero, marca sin duda un punto de inflexión en la política de Marruecos, que pasa de la pasividad a la lucha cada vez más enérgica.
Esta colaboración activa de las autoridades de Rabat no tardó en desembocar en una disminución significativa de los flujos clandestinos durante los últimos tres años. Prueba de ello, es que el número de inmigrantes indocumentados detenidos en las aguas del Estrecho y Canarias disminuyó un 18 por ciento en 2004, pasando de 19.176 a 15. 675. Los mismos resultados fueron registrada en 2005, en la medida en que el número de personas detenidas cayó un 25 por ciento#. El mismo afán de asumir su responsabilidad en la lucha contra los flujos migratorios clandestinos es el que llevó a las autoridades marroquíes a echar mano de 11. 000 hombres de la gendarmería, de las fuerzas auxiliares e incluso del ejército para contener los asaltos a los enclaves de Ceuta y Melilla, lo que, según las primeras estimaciones del Ministerio del Interior de Rabat, costó entre 90 y 120 millones de euros a las arcas del Estado marroquí.
Pero al parecer, por muchos esfuerzos que haga Marruecos para cumplir con su deber de vigilar sus fronteras, este país parece estar condenado a seguir siendo el blanco de las críticas y las acusaciones de los españoles. Y es que hay un sector amplio de la opinión pública y de los políticos españoles que desconfían de la voluntad de Marruecos de colaborar con el gobierno español en la lucha contra esta llaga. Es significativo en este sentido que, pese a los logros que se han realizado durante los últimos años en este ámbito y pese a los esfuerzos desplegados por Marruecos, el 94 por ciento de los españoles hayan opinado que la inmigración ilegal a lo largo del año 2005 ha empeorado por la renuencia de las autoridades marroquíes a acabar con ella#. El mejor exponente de esta opinión es el ex-presidente del gobierno popular, José María Aznar, quien parece todavía no haberse desprendido de su recelo y desconfianza hacia las autoridades marroquíes:
Supongo que Marruecos tiene que decir que hace esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal y España tiene que ser normalmente muy escéptica en eso. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Todo el mundo sabe que las redes de inmigración ilegal están, desgraciadamente, muy instaladas y muy desarrolladas en el territorio marroquí. Desarticular esas redes […] sería el primer paso para una lucha eficaz contra la inmigración ilegal. Lo demás es simplemente palabrería.
La existencia de un amplio sector de la opinión publica española que sigue convencida de la falta de voluntad de las autoridades marroquíes de cooperar en la lucha contra los flujos migratorios ilegales, añadida a la acusación Mariano Rajoy a raíz de los asaltos dramáticos de las fronteras de Ceuta y Melilla en octubre de 2005, prueban sobradamente que la derecha española tiene la intención de seguir la misma actitud adoptada por José María Aznar durante su segundo mandato, a saber acusar a Marruecos de la agravación del fenómeno y evitar toda reconsideración de la política migratoria de su país.
(26/12/06)