La dimisión del director del semanario francófono Le Journal, Aboubakr Jamai, figura emblemática de la prensa independiente en Marruecos, es una pésima noticia. Tanto porque supone que un magnífico periodista tiene que ceder ante el brazo represor de las elites más inmovilistas del régimen como porque implica una nueva y significativa vuelta de tuerca contra la libertad de expresión. Sin ésta, el proyecto de construcción democrática tan publicitado por las autoridades de Rabat (y que de hecho tiene, sobre el papel, diseñados sus pilares) adolece de falta de credibilidad y operatividad real.
La información que está en el origen de dicha dimisión fue publicada en diciembre de 2005. Le Journal consideraba que un informe sobre el Sáhara Occidental de un centro de investigación de Bruselas, en el que se criticaba al Frente Polisario, había sido elaborado siguiendo las consignas de Rabat. La insólita sanción judicial por difamación impuesta a Jamai y al periodista Fahd Iraqui- una indemnización de 270.000 € en favor del demandante, Claude Moniquet, director de dicho centro- y la resolución de las altas instancias marroquíes de exigir su ejecución, han obligado a que el director del semanario cese en sus funciones para evitar la extensión de la responsabilidad subsidiaria y el consiguiente cierre de la publicación, sin capacidad económica para hacer frente a dicho pago.
El precedente del caso Mohamed Benaissa (actual Ministro de Asuntos Exteriores) contra Le Journal (2000-2004, y actualmente en casación) ha condicionado, de forma irremediable, la decisión de Jamai. Para resarcirse de una indemnización judicial derivada de la publicación de un reportaje en el que se indicaba que el entonces embajador marroquí en EEUU había cometido malversación, Benaissa consiguió el embargo de los ingresos por ventas de Le Journal y la subasta judicial de los activos de su sociedad editora.
La cesación en funciones de Jamai viene a confirmar que la libertad de prensa inaugurada en los últimos años del reinado de Hasan II no ha tenido su deseada progresión evolutiva durante el de su hijo Mohamed VI, pese a la gran oportunidad y expectativas que en este sentido generó el advenimiento del nuevo monarca. Reporteros sin Fronteras considera que la marcha de Jamai significa el final de una época en la que todavía parecía posible hacer avanzar la libertad de expresión. Resulta, efectivamente, lamentable constatar cómo entre el cierre temporal de los semanarios Le Journal, su equivalente arabófono Assahifa y Demain (decretado en 2000 por el ex primer ministro Yusufi) y la misma decisión adoptada respecto a Nichane por el actual primer ministro Jettu en diciembre de 2006, han transcurrido seis años durante los cuales quienes detentan el poder ejecutivo y controlan el judicial han continuado instrumentalizando las “causas sagradas” (monarquía, islam e integridad territorial) para censurar la libertad de expresión. Un poder que ha optado, además, por la asfixia económica de aquella prensa que le resulta hostil, restringiendo drásticamente sus ingresos por publicidad mediante la coerción a numerosas empresas anunciantes.
En este sentido, el régimen y los tribunales marroquíes han demostrado tanto su incapacidad para tolerar el sano ejercicio del sentido del humor (Alí Lmrabet fue condenado en 2003 a tres años de cárcel, e ingresó en prisión, por publicar una caricatura que “atentaba” contra la monarquía, y en el caso Nichane dos periodistas acaban de ser condenados a tres años de prisión, con suspensión de pena, por publicar chistes banales sobre religión, sexo y política) como para permitir que sus ciudadanos opinen libremente sobre la cuestión del Sáhara (al mismo periodista Lmrabet se le prohibió en 2005 ejercer su profesión durante diez años por escribir que los saharauis de los campamentos de Tinduf eran refugiados).
Asimismo, han decidido sancionar a varios directores de publicaciones con penas de cárcel, en suspenso, por realizar una sátira sobre personajes políticos (caso de Benchemsi, de TelQuel o de Chaatan, de Al Michaâl, éste último en relación con el presidente argelino Buteflika) o comentarios sobre su vida privada (caso de Tadili, de Akhbar al-Ousboue o Guennoun, de Al Ahali). La condena a prisión firme ha recaído sobre El Badraoui, de Al Moulahid Assiyass (cuatro años de reclusión por sendos artículos sobre comportamientos ilícitos de notables y de altos responsables de la policía) y pende sobre Kouras, de Al Ousbouia Al Jadida, por publicar una entrevista en la que Nadia Yassim criticaba a la monarquía.
Las citadas actuaciones hacen, por otra parte, un flaco favor a la monarquía. Si ésta realmente pretender liderar una agenda de progreso, su única opción es una paulatina apertura, por lo que todas las señales contradictorias de este tipo van en su detrimento. Un claro ejemplo de ello es la represión en cuestiones de orden moral y religioso (como el caso Nichane), consideradas en ciertos sectores como concesiones a los islamistas, pese a que en este caso o no se han pronunciado (como el movimiento Justicia y Caridad) o han declarado que no tiene sentido (como el Partido Justicia y Desarrollo). Por otra parte, la reciente suspensión provisional de Assahifa – decidida por su propio equipo directivo tras haber publicado una información que vincula a Mohamed VI con el cobro de una comisión derivada de la concesión de una licencia de prospección petrolífera – añade una nueva polémica a un entorno cargado de tensiones.
Queda ahora por ver cuál será la reacción internacional ante lo que es una evidente regresión en la materia. En determinadas ocasiones la intervención de algunos actores influyentes ha dado sus frutos. La Unión Europea conoce la importancia de hablar con una sola voz (de nada sirve, como sucedió en 2005, que Suecia lidere una iniciativa para instar una reforma del código de prensa marroquí si, por otro lado, Francia y España entienden que la propuesta nórdica es demasiado agresiva). Para España vincularse al futuro de Marruecos significa, entre otras muchas cosas, que nuestros medios de comunicación realicen un adecuado seguimiento y cobertura de la libertad de expresión en el país vecino.
La irrupción hace diez años de Le Journal fue una auténtica bocanada de aire fresco. La prensa etiquetada como económica ya había actuado de ariete en determinadas cuestiones y dicho semanario amplió el panorama, abordando con rigor los problemas sociales y políticos del país, en claro contraste con la sequía periodística de la inmensa mayoría de las publicaciones. Sus mordaces portadas constituyen por sí mismas un documento gráfico de índole histórica y el trabajo de sus profesionales y su afán por ir retranqueando las “líneas rojas” son el mejor referente mediático del Marruecos contemporáneo. En 2000 Aboubakr Jamai consideraba, al hilo de los reseñados cierres por Yusufi, que éste estaba aislado y que en ese momento se estaba viviendo el final de las clases dirigentes que impedían a Marruecos dar el salto hacia delante. A la vista de lo acontecido parece, como mínimo, que habrá que esperar a que esto suceda realmente. Y cada vez el precio de dicha espera será más elevado.
En la misiva de despedida que Jamai dirige a sus lectores insiste en que aquellos que reprimen “no han comprendido nada”. No han entendido que ciudadanos como él, como Ali-Amar (co-fundador, con Jamai, de Le Journal y ahora director) o como tantos otros, son productos de la propia sociedad marroquí, y que “si nos callamos, otros hablarán. Si morimos, otros nacerán”.
(20/02/07)
(Texto para Civilización y Diálogo, www.civilizacionydialogo.com, 5 de febrero de 2007)