Estas cuatro comunidades autónomas españolas, que suponen el 90% de la producción de tomate así como el 100% de la exportación de éste, han decidido actuar de forma firme y conjunta para defender este producto en el mercado europeo, frente a tomates de otros países, con el caso específico del tomate marroquí.
La reunión se ha realizado entre el consejero de Agricultura y Pesca de Andalucía, Martín Soler, y los consejeros de Murcia, Antonio Cerdá, Canarias, Pilar Merino, y el director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Valencia.
El resultado final de esta cita ha sido la firma de una declaración, en la que se detallan una serie de exigencias a la Unión Europea en relación a las negociaciones comunitarias con terceros países, con el caso específico de Marruecos.
Esta declaración conjunta será trasladada a los ministerios españoles de Medio Ambiente, Industria y Asuntos Exteriores.
Asimismo, según Soler, se ha tenido en cuenta las aspiraciones y reivindicaciones de las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, así como las exportadoras, por lo que señaló que éstos deben "sentirse representados por los cuatro gobiernos autonómicos para defender sus intereses".
Por qué una defensa frente a la entrada del tomate marroquí en la UE
Según indicó en rueda de prensa el consejero andaluz, la liberalización del mercado europeo con Marruecos en el sector del tomate supone una “amenaza”, porque por un lado, ha habido un incumplimiento de cupos y precios de entrada del tomate marroquí, y por otro, la liberalización del mercado comunitario al tomate de Marruecos resentiría en Andalucía hasta un 17% de la renta agraria.
Por su parte, el consejero de Murcia, Antonio Cerdá, subrayó ante los medios de comunicación que Marruecos ha introducido “hasta el 25 de enero 220.000 toneladas de tomate en Europa, a pesar de que la cantidad total establecida hasta el 15 de mayo era de 180.000”.
Los datos en las comunidades autónomas españolas demuestran un descenso de la producción del tomate. Por ejemplo en Murcia, las toneladas eran hace cuatro años 225.000, y ahora se ha pasado a 150.000. En Canarias, cuya exportación principal se orienta a Inglaterra, ha bajado de 350.000 toneladas a 140.000.
Por tanto, la reunión, potenciada por el consejero andaluz con sus homólogos, supone coordinar un trabajo de defensa para que “el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos no perjudique los intereses de España”, resalta Soler.
En este sentido, Laínez afirma que “los agricultores españoles han perdido "capacidad para competir" porque los costes, condiciones de la mano de obra, fitosanitarios o condiciones medio ambientales son estrictos dentro de la UE, pero laxos con los países de fuera. De hecho, se ha llegado a afirmar que la UE es "el lugar del mundo que exige más controles", pero que después "en cualquier negociación se hace a cambio del sector agroalimentario".
Una política agraria “hipócrita” en la UE
El consejero murciano considera que hay que hacer reflexionar a la UE sobre su "política agraria un tanto hipócrita que ha convertido en burócratas a los agricultores" para poder acceder a las ayudas pertinentes.
En opinión de Cerdá este tema se discute desde 1995, con el tratado de Barcelona, momento desde el que no se han cumplido leyes, cupos, o controles.
El objetivo inmediato de esta estrategia común entre cuatro comunidades autónomas españolas será lograr que la Comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, atienda las necesidades de los productores de tomate españoles.
Según indica Soler, “estamos cumpliendo nuestra obligación y deber", que no es sino presionar a Fischer para que sea sensible a las necesidades españolas. Para ello "estamos cargándonos de argumentos, para que se cumplan el tratado actual y el nuevo, el espíritu del tratado" y la agricultura patria tenga un futuro garantizado.
La Declaración conjunta
La “Declaración del Sector Español Productor y Exportador de Tomate Fresco” insta a la UE a no realizar "ulteriores concesiones" con respecto al actual Acuerdo de Asociación con Marruecos que pasan por no permitir en "ningún caso" que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses y por la "potenciación y coordinación" de los controles aduaneros en los puntos de entrada del tomate marroquí para asegurar que se cumplen el citado acuerdo en cada momento.
En el punto tercero, las cuatro comunidades autónomas abogan por adecuar y unificar el método para fijar el precio de entrada con único modo de garantizar "la transparencia" en las transacciones, y advierte de la necesidad de intensificar los controles fitosanitarios y los relativos a la seguridad alimentaria en las exportaciones de los terceros países.
En este aspecto, se apela al principio de "reciprocidad" recogido en el punto sexto de la declaración para paliar una pérdida de competitividad de los productores "irreversible", a juicio de los titulares de agricultura de las regiones de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, quienes reivindican asimismo que no se permita la entrada de frutas y verduras en cuyo proceso productivo se empleen materias activas cuyo uso esté prohibido en el mercado interior de la UE.
Además, se pide que se facilite a las comunidades autónomas el acceso a los datos de volúmenes de importación y de precios registrados en las aduanas de la UE.
PTZ
(02/03/09)