En Derecho Internacional la jurisprudencia ha elaborado el concepto de fecha crítica para definir la fecha en que una controversia queda configurada como tal. El período de tiempo inmediatamente anterior se denomina período crítico que es esencial para poder valorar el comportamiento de las partes en un litigio territorial. Pues bien, si aplicamos estas expresiones a la «crisis» en las relaciones entre España y Marruecos en el período 2000/2004 que se corresponde, grosso modo, con el mandato del último gobierno del Partido Popular podríamos considerar, a los efectos de este artículo, que el período crítico se inicia en el año 2001.
El fracaso de las negociaciones para la renovación o sustitución del Tratado de Pesca de Marruecos con la UE; el rechazo en el Consejo de Seguridad de la ONU del Plan Baker I sobre la autonomía del Sahara Occidental (Acuerdo-marco); el incremento de la presión migratoria irregular procedente de Marruecos; el referéndum organizado por ciertas ONG´s en Andalucía sobre la independencia del Sahara Occidental con alguna urna colocada en el Parlamento Regional y por último, pero no menos importante, el tratamiento que en ciertos medios de comunicación se daba a la Monarquía marroquí y al propio Rey Mohamed VI son elementos relevantes que pueden explicar el inicio de la «crisis» política que se materializó públicamente con la llamada a consultas del Embajador de Marruecos en España el 28 de octubre de 2001. A partir de esa fecha tienen lugar, además, dos hechos políticos relevantes a los efectos de la «crisis» en curso: la suspensión unilateral por parte de Marruecos de la «cumbre» prevista para diciembre de 2001 entre el presidente Aznar y el Rey Mohamed VI. El segundo hecho político relevante a estos efectos fue la visita oficial ese mismo mes de diciembre de 2001 del secretario general del PSOE, señor Rodríguez Zapatero, invitado por el Gobierno marroquí.
El primer trimestre del año 2002, período que corresponde a la presidencia española de la Unión Europea, transcurrió con cierta normalidad, lo que permitió a la Embajada de España en Rabat gestionar la presidencia, con la solidaridad activa de todos los socios comunitarios, manteniendo la dignidad institucional en el trato con el Gobierno marroquí y, especialmente, con el primer ministro, señor Youssuofi, quien prestó toda la colaboración necesaria para que se alcanzaran los objetivos previstos por la Presidencia en sus relaciones con Marruecos. Es de justicia destacar aquí la eficacia y la dedicación de todo el equipo de excelentes profesionales que tuve el privilegio de dirigir.
En el mes de julio, terminada la Presidencia, se agravó cualitativamente la crisis política al aparecer por primera vez en el horizonte un incidente entre la Marina española y la Marina marroquí en torno al Peñón de Alhucemas que provocó una protesta diplomática marroquí contestada por la misma vía por España aclarando la naturaleza de los ejercicios navales de mero entrenamiento de las últimas promociones de la Escuela Naval de Marín.
El día 11 de julio podría calificarse como la fecha crítica de esta crisis al producirse la ocupación, sin previo aviso, del Islote Perejil por Fuerzas Auxiliares de las Fuerzas Armadas Marroquíes desembarcadas por una patrullera de la Marina Real. Esta decisión unilateral y las circunstancias que la rodearon en los días siguientes abrieron un debate público en ambos países sobre el alcance y la intencionalidad de esta ocupación. Por parte española se pidió la retirada inmediata de las fuerzas militares ocupantes y el restablecimiento del statu quo ex ante. En su contestación Marruecos alegaba su soberanía sobre el Islote y desmentía cualquier vínculo con una posible escalada de reivindicaciones territoriales que pudieran afectar a Ceuta, Melilla y los peñones e islas adyacentes de soberanía española.
No es el momento de analizar en sus propios términos la «crisis» relativa al Islote Perejil. En mi opinión, la crisis sirvió para que ambas partes valoraran a nivel político y estratégico la necesidad y la conveniencia objetiva, más allá de simpatías o antipatías personales, de restablecer las mejores relaciones de vecindad posibles, de conformidad con el Derecho Internacional, general y convencional.
A este respecto no está de más recordar la vigencia del Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad de 1991 que de haber sido invocado por Marruecos durante el período crítico antes descrito habría permitido evitar medidas unilaterales que en mi opinión eran incompatibles con el espíritu, por lo menos, de dicho Tratado.
En cualquier caso, el segundo semestre del año 2002 estuvo caracterizado por la aplicación del acuerdo hispano-marroquí alcanzado con la cooperación eficaz del secretario de Estado norteamericano. Se restableció el statu quo ex ante del Islote Perejil, sin perjuicio de las posiciones respectivas en relación con los títulos jurídicos de cada parte y se cumplió el compromiso de normalización de las relaciones bilaterales mediante la entrevista celebrada en Madrid en diciembre de 2002 entre los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Benaissa, y de España, Ana Palacio. Subsiguientemente, se normalizaron las relaciones diplomáticas con el regreso de los Embajadores respectivos a sus puestos en febrero de 2003.
Comenzado el esfuerzo conjunto de normalización, con voluntad política y auténtico «animus negotiandi» se abordaron todas las cuestiones sensibles que habían provocado los desencuentros precedentes. Cada parte defendía, como es lógico, sus intereses legítimos con el respeto y el rigor que debe siempre prevalecer, aun en caso de desacuerdo, entre países amigos y vecinos. El Sahara Occidental, la delimitación de espacios marítimos en el Atlántico, la cooperación reforzada en materia de migraciones irregulares en toda su dimensión y complejidad, la cooperación antiterrorista intensificada después de los atentados terroristas de Casa Blanca el 16 de mayo de 2003, etc.
Todo este esfuerzo de normalización diplomática recibió un gran impulso político en junio de 2003 con la reunión en Quintos de Mora entre el presidente Aznar y el primer ministro Jettou. Allí se sentaron las bases de un compromiso político que se fue desarrollando por parte española con la colaboración de todos los Ministerios afectados y en especial por el Ministerio de Asuntos Exteriores y los esfuerzos de la ministra Ana Palacio y el trabajo de su excelente equipo diplomático compartido con sus homólogos del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí dirigidos por el ministro Benaissa y el ministro Adjunto señor Fasi Fihri. Y así se llegó a la «Cumbre» de Marraquech el 8 y el 9 de diciembre de 2003. El comunicado conjunto aprobado por el Rey Mohamed VI y el presidente Aznar difundido profusamente por todos los medios de comunicación marroquíes y españoles representó el fin de la crisis y el comienzo de una nueva etapa basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los intereses legítimos de ambas partes en pie de igualdad, de conformidad con el Derecho Internacional y los Tratados en vigor entre los dos países.
En la audiencia del día 9 de diciembre, el Rey Mohamed VI y el presidente Aznar confirmaron urbi et orbe la apertura de esta nueva etapa de amistad, cooperación y buena vecindad.
En vísperas del viaje de Estado de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I al Marruecos de Su Majestad el Rey Mohamed VI me parece oportuno traer a colación la opinión de un ilustre ex ministro marroquí, hoy miembro del Comité Ejecutivo del Istiglal, señor Larbi Messari, publicada en un medio de comunicación español en la que considera que fue la cumbre de Marraquech «la que abrió una nueva página» en las relaciones de España y Marruecos y añade «el Gobierno de Zapatero no ha introducido ningún cambio, continúa haciendo lo que empezó el (Gobierno) de Aznar».
Y sobre la delicada cuestión de Perejil opina lo siguiente: «esa crisis nos hizo descubrir a las dos partes, España y Marruecos, que hay una línea roja que no hay que franquear. Y hubo correcciones por parte marroquí y española y a partir de ello se delineó la nueva página. Eso fue en el verano de 2003, no en marzo de 2004. La política de Zapatero lo confirmó simplemente».
Desde mi punto de vista, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, a la vista de los resultados de la Cumbre de Marraquech hubieran podido continuar la política de Estado que en términos objetivos realizó el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, defendiendo los intereses de España. Ello implicaba, por supuesto, renunciar a la tentación fácil de dar lecciones de diplomacia prescindiendo de toda la experiencia acumulada por los equipos de profesionales anteriores que gestionaron el período de crisis con Marruecos. Las buenas relaciones con Marruecos son una necesidad estratégica para España y no pueden ser monopolio de ningún partido político. Así se podrían evitar, además, ciertos ejercicios de erudición histórica y geográfica un tanto perturbadores sobre «donde acaba España» que asombran a propios y extraños, ya que la respuesta, por no remontarnos mucho en el tiempo, está contenida en la Constitución española de 1978.
* Fernando Arias-Salgado,ex embajador de España en Marruecos
(ABC, 22/12/04)