Tradicionalmente ha venido existiendo una comprensión de paz como ausencia de conflicto. En este sentido la resistencia a la protección y promoción de los derechos humanos en ciertos contextos se ha presentado como una amenaza a la armoniosa coexistencia y, en determinados casos, reconciliación social. En verdad, la protección y promoción de derechos humanos, sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, conlleva debates democráticos y participativos sobre la distribución de la riqueza y políticas antidiscriminatorias (no únicamente en razón de sexo o raza sino también en razón de estatus social). Este debate produce inevitablemente resistencias y conflicto social que, sin embargo, no necesariamente ha de ser conflicto violento.
A pesar de estas resistencias, todavía claramente predominantes, va ganando aceptación un concepto más amplio y duradero de paz como seguridad humana. En este sentido, uno de los avances más importantes en el plano público internacional es la ampliación de la base democrática conformada por generaciones presentes que se preocupan por soluciones a largo plazo que afectarán a generaciones futuras. De acuerdo con ello, paz y seguridad han de ser concebidas y promovidas con estrategias que respondan, de forma preventiva, a situaciones de exclusión y pobreza y a niveles básicos de justicia. Así se empieza a entender en algunos sectores y así se ha propuesto en el reciente informe del Secretario General de Naciones Unidas ‘In larger freedom’. Esto no es óbice, sin embargo, para combatir fuertemente y, con todos los medios posibles dentro del marco de la ley, a organizaciones internacionales criminales y terroristas que amenazan la seguridad global. Ambos enfoques son claramente compatibles, deseables y conexos en cuanto suponen la aplicación estricta del Derecho.
Casos recientes de países conmocionados por serias violaciones de derechos humanos en situaciones de transición demuestran la importancia de establecer la verdad de acontecimientos pasados y asegurar un mínimo de justicia a las víctimas y a la sociedad. Si algo positivo se ha derivado de las brutales dictaduras organizadas alrededor de la operación Cóndor o el régimen de apartheid de Sudáfrica es la lección de que la reconciliación social solo puede producirse después de que ciertos hechos han sido establecidos, reconocidos y se ha realizado una valoración elemental de los mismos. Valoración esta que no ha de significar necesariamente juicio procesal y condena efectiva. El mínimo exigible es la definición de quienes fueron víctimas, quienes realizaron abuso de poder y por qué fue ello posible; aunque tales declaraciones se realicen en ámbitos no jurídico – formales.
Por las razones anteriores, la Comisión para la Equidad y la Reconciliación de Marruecos -Instance Equité et Réconciliation – creada en 2002 tiene el potencial de propulsar cambios fundamentales y necesarios para el progreso de este país. Determinados episodios del régimen de Hassan II conmocionaron generaciones enteras. A diferencia de otros regimenes como los sistemas comunistas de Europa del Este donde gran parte de la sociedad se vio involucrada o fue en cierta medida cómplice de los abusos y el proceso de transición en un marco de justicia (o como se ha venido a denominar, justicia transicional) se presentó de forma más compleja, en Marruecos es posible una definición clara de los hechos, las víctimas y los responsables.
La Comisión para la Equidad y la Reconciliación tiene además un significado muy importante pues abre el primer proceso de esta clase en el mundo árabe. El diálogo que se ha producido a partir de la creación de la Comisión es concurrente con opiniones vertidas en recientes publicaciones como el Arab Human Development Report 2004 que recomiendan la apertura, la autocrítica y el debate incluyente en las sociedades del mundo árabe. A pesar de ello y lamentablemente, la Comisión para la Equidad y la Reconciliación ha sido creada con limitaciones fundamentales puesto que su mandato incluye únicamente la determinación de lo acontecido a las víctimas y el paradero de los desaparecidos así como una compensación económica a las víctimas o sus familiares. La Comisión no está por tanto llamada a determinar quiénes fueron las personas que organizaron y ejecutaron los abusos, ni siquiera los abusos más graves; tampoco las razones por las cuales se produjeron tales hechos y mucho menos el ajusticiamiento de los mismos a través de la derivación de casos a los tribunales de justicia. Pero, como ya viene siendo normal en estos procesos, las víctimas, que tienen por primera vez la oportunidad de hablar en foros públicos, claman conocer la verdad y con quien han de reconciliarse”; a quien han de perdonar o culpabilizar de su sufrimiento.
El papel de la comunidad internacional en el proceso que ha comenzado puede ser fundamental. Aunque España no construyo su propia democracia a través de un proceso de justicia transicional, no por ello debiera estar carente de argumentos, recursos e iniciativas que se construyan sobre el proceso ya abierto y que amplíen el papel de la Comisión. Particularmente, España y organizaciones de la sociedad española, en coordinación con otros actores internacionales y nacionales en Marruecos debería impulsar una interpretación amplia del mandato de la Comisión y que el informe que ésta haga publico en los próximos meses, y en todo caso antes de fines de este año, contenga información relevante sobre la articulación de los abusos del régimen anterior, así como recomendaciones para enfrentar los abusos que aún hoy se producen. Ya que obviamente, al igual que en cualquier otro país, es casi imposible que los actuales dirigentes admitan las violaciones de derechos humanos actuales, el reconocimiento de las violaciones que se dieron en el pasado puede constituir un primer paso que permita abrir la puerta a reformas futuras. En este sentido, es interesante presenciar los recientes intentos por parte de políticos y activistas españoles para monitorear la situación de derechos humanos en el Sahara Occidental. Si estas iniciativas tienen como verdadero objetivo ejercer cierta presión sobre el ejecutivo marroquí, pueden ser útiles. Si, de forma diferente, se trata de documentar y evidenciar presentes violaciones de derechos humanos, el ejercicio no presenta ventaja alguna. Esta labor ya la realizan ‘in situ’ organizaciones de la sociedad civil y esta reflejada también en informes de órganos especializados de Naciones Unidas. Por otra parte, resulta sorprendente escuchar los lamentos e indignaciones puntuales y estratégicas ante tristes sucesos difundidos por la prensa cuando es bien conocido que estos sucesos, léase violaciones y torturas, se producen de forma cotidiana en Marruecos y países vecinos.
Mientras no exista una política exterior coherente, estratégica y básicamente comprometida con la defensa de derechos humanos fundamentales por parte de España y otros aliados del Reino Alahuí no cabe esperar un cambio en este sentido. Mientras los dirigentes marroquíes no entrevean las ventajas “internacionales” de hacer más autentico el proceso democrático supuestamente iniciado, del cual componente fundamental debería ser la Comisión para la Equidad y la Reconciliación, no cabe esperar cambios sustanciales; cambios estos, por otra parte, urgentes en una sociedad que está preparada para reaccionar al mínimo estimulo. Mientras esto no ocurra, no será difícil comprender que miles de jóvenes marroquíes capacitados y con ganas de vivir en una sociedad diferente tomen la difícil decisión de abandonar Marruecos. No deberá ser tampoco difícil entender para los españoles que viajan a Marruecos, por qué en las calles de Casablanca o en los cafés de Tetuán, multitud de jóvenes pasan las horas sin sentir que pueden hacer algo por cambiar su ciudad. El final mortal de este proceso es que la frustración se convierte en indiferencia y la imagen lejana pero presente de episodios de horror de familiares que intentaron hacer algo bajo el régimen de Hassan II y fueron masacrados se transforma en excusa y lastra insoportable.
En un país que no quiere recordar determinados episodios de su historia porque éstos son demasiado horribles para ser recordados, es absolutamente necesario rescatar el pasado y establecer los hechos por muy dolorosos e incómodos que ellos sean. Un reconocimiento claro, simbólico o expreso, por parte de Mohamed VI o del Gobierno de lo que ocurrió y sus ramificaciones hasta el presente tendría un significado extraordinario porque equivaldría a la demostración de que hay una voluntad real de que nunca vuelva a suceder. El ‘Nunca Más’ de Argentina hizo posible la reforma de las fuerzas militares y policiales y el desarrollo espectacular de una sociedad civil comprometida con el futuro de este país. En Marruecos un reconocimiento tal rescataría la ilusión y la confianza de muchos ciudadanos en los ideales de igualdad y libertad – ideales estos, por cierto, que son tan, o más, validos en la cultura árabe como en la occidental; en el imperio de la ley; y en que se hagan realidad los derechos humanos de nuevas generaciones que buscan la oportunidad de labrase un futuro mejor. Cuando los marroquíes recuperen su pasado podrán entonces quizás recuperar su futuro.
Beatriz Fernández Carrillo
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http://www.un.org/largerfreedom/
Ver también: ,
,
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=123&su=127.
Ver también Observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas al Informe presentado por Marruecos sobre torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 2004: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.31.2.Sp?OpenDocument