Actualmente, España como muchos países del mundo, está atravesando una situación económica muy delicada. Lo que hace que la mayoría de la población vive a diario con ciertas dificultades que casi abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero, si hablamos de la población inmigrante, la situación aún es más delicada. Además de los apuros comunes que viven los inmigrantes al igual que los autóctonos, aparece una nueva situación que tiene su origen en el inicio de la crisis económica que vivimos. Se trata de la situación de irregularidad jurídica sobrevenida a la cual están condenados los inmigrantes que han perdido sus empleos.
Para poder residir de manera regular en territorio español, las condiciones regulares, aunque parezcan fáciles de cumplir, no lo son. Las consecuencias socioeconómicas que sufre un porcentaje importante del colectivo inmigrante a la luz del cambio de su situación económica que, produce automáticamente un cambio en su situación administrativa, son devastadoras. El contexto económico actual plantea serios escollos a nivel laboral para los inmigrantes residentes en España a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. Si a esto le añadimos el obstáculo de la exigencia de cotizar un tiempo determinado, la tarea se convierte casi en una misión imposible. Cuando un inmigrante pierde su empleo y no puede cumplir con las condiciones que requiere La Ley de Extranjería, está expuesto a la pérdida de derechos él y los miembros de su familia: acceso a Salud, Servicios Sociales, Empleo…
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los inmigrantes que ya llevan varios años viviendo en el país contribuyendo en el desarrollo socioeconómico y, de forma inesperada, se encuentran en una situación jurídica irregular. Incluso, un porcentaje importante había luchado anteriormente por conseguir la residencia y/o trabajo después de haber residido de forma irregular, ahora se encuentra igual que antes (en situación irregular).
La situación de irregularidad jurídica sobrevenida por desempleo la pueden sufrir muchos inmigrantes en España ya que es difícil mantener un empleo fijo durante un tiempo muy largo en la mayoría de los casos. Sin embargo, las condiciones que establecía la Ley de Extranjería hacían, en cierta medida, asumible y factible la posibilidad de renovar las tarjetas de Residencia y/o Trabajo para estas personas. Si hablamos del contexto laboral actual, se puede afirmar que las condiciones mencionadas anteriormente hacen más difícil que una gran parte de la población inmigrante se mantenga en un estado administrativo regular en lo que atañe su residencia en el país y, por consiguiente, el acceso a sus derechos y deberes como ciudadanos.
El desempleo para las personas de origen inmigrante que necesitan renovar sus tarjetas de residencia y/o trabajo significa exponerse al riesgo de perder la documentación administrativa para permanecer en el país de manera regular.
Para apreciar mejor la situación, recomendamos leer las memorias de las entidades no lucrativas que atienden a la población inmigrante como red Acoge, Cruz Roja y Cáritas. Éstas entidades, registran un aumento ascendente en las demandas relacionadas con las necesidades básicas como alimentación, tramitación de documentación para renovaciones debido a las dificultades añadidas tanto económicas (desde el inicio de la crisis en el año 2008), como administrativas (exigencias del Reglamento de Extranjería).
La crisis económica que está viviendo España hoy en día está provocando muchas situaciones de desamparo y pobreza en las filas de los ciudadanos de origen inmigrante que deben seguir las renovaciones pertinentes de sus papeles.
A pesar de las advertencias de las asociaciones, ONGs y entidades pro-Derechos Humanos sobre lo que está padeciendo el colectivo inmigrante en España, la inmigración no parece preocupar a los partidos políticos en la actualidad. Las políticas migratorias han demostrado su fracaso teniendo en cuenta los resultados actuales. Como remedio paliativo, se propuso la denominada Política de Retorno Voluntario. Se vendió como la mejor alternativa para las personas inmigradas que desearan acogerse a esta medida. Sin embargo, creemos que es una señal de que a la población inmigrante nunca se le trata al igual que la autóctona. Si hay que hacer un recorte, se empieza por la parte más vulnerable de ciudadanos. Además, algunos partidos políticos señalan a la inmigración como fuente de crisis e intentan ocultar o borrar el papel positivo que ha desempeñado la mano de obra extranjera en el desarrollo económico español hasta el inicio de la crisis actual.
La gravedad de la crisis y la falta de conocimiento económico y social de algunos grupos, alertan del crecimiento de de actitudes xenófobas contra las personas inmigradas en España. Para evitarlo, hay que tomar medidas muy claras con el objetivo de establecer un marco de protección e igualdad entre autóctonos e inmigrantes, facilitar los trámites administrativos interminables para renovaciones de tarjetas de Residencia y/o Trabajo y no separar entre persona inmigrada y autóctona ya que, si son buenos tiempos, los disfrutamos todos, y si son malos, también los padecemos todos.
Hassan Koulali es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez y Doctorando en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social por la Universidad de Almería.