El informe, titulado "La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf", es el primer documento serio sobre estos derechos tanto en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, como en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, gestionados por el Frente Polisario, partido que lucha por la conversión de la ex colonia española en un Estado independiente. Marruecos ha administrado el Sahara Occidental desde que se anexionó la región tras la retirada de España de su antigua colonia en 1975, aunque la ONU no reconoce la soberanía marroquí.
El informe se encuentra dividido en dos partes, que corresponden con las dos formas de gestionar esta zona desértica.
Por un lado, la parte del informe dedicada al Sahara Occidental reconoce que "las condiciones de los derechos humanos en Marruecos han mejorado constantemente en los últimos 15 años", pero limita el alcance de estas mejoras al constatar que las autoridades marroquíes aún utilizan "una combinación de leyes represivas, violencia policial y procesos judiciales injustos" para castigar a los saharauis que defienden la independencia o la autodeterminación.
Señala que "el Gobierno reprime las manifestaciones pacíficas y niega el reconocimiento legal de organizaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas saharauis, a los que golpean, torturan y obligan a firmar confesiones policiales incriminatorias, todo ello con virtual impunidad; y los tribunales los condenan y envían a prisión mediante procesos injustos".
La investigación cita los nombres de los tres policías acusado de "palizas y abusos" por "víctimas de la violencia policial” en El Aaiún (la ciudad más importante del Sahara Occidental). Los tres han sido denunciados en varias ocasiones "ante la fiscalía del Tribunal de Apelación de El Aaiún" pero "las autoridades sostuvieron que las denuncias no tenían fundamento" y, aunque dos de ellos han sido trasladados, Rabat no les ha exigido responsabilidades.
HRW señala que, amparándose en la ley contra los ataques a la “integridad territorial”, se reprimen "los cuestionamientos de la posición oficial" de Rabat, aunque sean pacíficos. La organización responsabiliza a esta ley del estado de los derechos humanos en la región y señala que, para que la situación cambie, las autoridades marroquíes han de respetar “los derechos de los saharauis que quieren expresarse y manifestarse pacíficamente en defensa de la autodeterminación". HRW, que no se posiciona sobre la disputa política sobre la ex colonia española, reconoce que en las manifestaciones saharauis a veces se producen actos de violencia, pero que "no justifican la prohibición general de las reuniones pacíficas".
Esta ONG insta a Rabat a revisar o eliminar las leyes que penalizan las actividades políticas o asociativas que cuestionen la "integridad territorial" de Marruecos. También apela a las autoridades a poner fin a la impunidad de los abusos policiales y a garantizar que las sentencias de los tribunales se basen en el examen imparcial de las pruebas.
Por otro lado, en los campos de Tinduf, situados en el desierto argelino, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental, viven más de cien mil personas, , muchas de ellas aún en tiendas de campaña sin agua corriente, que llegaron allí huyendo de la represión marroquí en el Sáhara. Éste es el primer informe de una ONG sobre los derechos humanos en esa área del suroeste de Argelia.
Según HRW, en estos campos la situación de los derechos humanos es precaria fundamentalmente debido a su aislamiento y a que, como Argelia ha cedido la gestión a "un movimiento de liberación", nadie rinde cuentas ante organismos internacionales sobre las libertades de los refugiados.
Según el informe, la mayor violación de derechos que infringe el Polisario es marginar a quienes se oponen a su autoridad, que con frecuencia terminan por decidir irse. Esta organización "permite que los refugiados critiquen su gestión de los asuntos cotidianos", aunque en la práctica los excluye y pone trabas a su libre movimiento.
Por otro lado, en los campamentos de refugiados de Tinduf subsisten "formas residuales de esclavitud", a pesar de ser rechazados por el Frente Polisario.
La ONG no da la razón al gobierno marroquí al desmentir que los refugiados sean personas secuestradas por Argelia y el POLISARIO basándose en que "no se hallaron indicios de que se restringiera de manera formal o real la salida de los refugiados de los campamentos" incluso cuando se dirigen hacia la parte del Sáhara controlada por Marruecos.
HRW insta en el informe al Polisario a adoptar medidas para que todos los residentes de los campamentos sepan que pueden salir libremente, lo que incluye trasladarse a la región del Sahara Occidental bajo control marroquí.
También pidió a Argelia que se haga responsable del respeto a los derechos humanos en esta alejada e inhóspita región del sur del país.
Como la ONU está presente en la región a través de MINURSO -el contingente de cascos azules en el Sáhara- , Human Rights Watch reclamó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que garantice que su presencia en la región sirve para verificar de forma regular la situación de los derechos humanos, ya que tiene el deber de velar por que se respeten las convenciones internacionales en esta materia.
Bbarberá
(09/01/08)