Ahora, la familia tiene que acudir a la comisión de escolarización para solicitar otro centro cuyas normas internas no prohíban el “velo islámico” y según se ha podido saber, la Consejería de Educación del Gobierno de Madrid procederá de forma «inmediata» a buscárselo, algo que no ofrece dificultad alguna: en las proximidades del Camilo José Cela existe otro Instituto, el de San Juan de la Cruz, cuya normativa no prohíbe el uso del “hiyab” en las aulas, aunque queda por ver si la familia de Nayua tiene algo que objetar al nombre del centro…
De esta modo se ha preservado la libertad religiosa, la de expresión y la del centro educativo a fijar sus normas de convivencia, una experiencia que deberá tenerse en cuenta en el futuro para evitar falsa polémicas y, sobre todo, falsas provocaciones. Es evidente que los padres de la joven Nayua han querido provocar un conflicto de manera artificial ya que el Instituto al que acudía la joven tiene el buen cuidado de informar a los padres de alumnos de su normativa interna y, por lo tanto, de la prohibición de llevar ciertos atuendos.
Lo más llamativo de este caso es que, sin estar claramente probado, el “hiyab” ha sido considerado por la familia de Nayua como una prenda de identidad religiosa mientras que el centro docente parece que la considera discriminatoria y, por lo tanto, contraria a la dignidad de la mujer. En este contexto, el ministro de Educación así como la ministra de la Igualdad, confusos ante el problema planteado, se han pronunciado en favor del “derecho a la enseñanza” de Nayua mientras que la vicepresidenta De La Vega señalaba el derecho a la libertad religiosa y quitaba importancia al “hiyab”. Cabe preguntarse a este propósito en qué sentido se orientará la reforma de la ley de Libertad Religiosa que, por lo sabido hasta ahora, tratará de regular justamente la presencia de símbolos religiosos en los centros públicos. Ahí se inscribe una intención maliciosa del Gobierno: la de prohibir los crucifijos en los colegios y no se sabe de donde más.
Si el “hiyab” es un considerado un signo religioso ¿habría que prohibirlo? La respuesta que ofrece el sentido común es un rotundo “no”: el pañuelo que cubre la cabeza, aún en el caso de que sus portadoras se lo pongan como señal de identidad islámica, sería tan legítimo como llevar un colgante con un crucifijo, aunque sus portadores lo consideren un mero adorno. Igualmente, supondría un contrasentido prohibir a las religiosas católicas llevar toca o hábito en los centros públicos.
El problema se plantearía en el caso de otras prendas claramente identificativas de la religión profesada por musulmanas, es decir, el “chador”, el “niqab” o el “burka”, que cubren por completo el rostro y el cuerpo. Aquí surge un problema añadido: no se trata solo de portar una vestimenta discriminatoria sino de ocultar la personalidad de sus portadoras, es decir, el rostro. ¿Se puede ir por la calle con el rostro cubierto? No deja de resultar curioso que en algunos desfile de moda, los diseñadores hayan querido ya provocar al público con la exhibición de máscaras como prendas de “glamur”. También algunos policías se cubren el rostro por razones de seguridad, para no ser identificados.
Mucho cuidado deberá tener el Gobierno a la hora de reformar una ley que ha cumplido y cumple sin problemas con uno de los mandatos más claros de los derechos humanos: la libertad religiosa. Lo que ocurre es que al Gobierno de Zapatero se le ve el plumero de lejos: cada reforma social que emprende es justo para limitar la libertad en lugar de favorecerla. Ha ocurrido así como la ley del aborto: con el señuelo de fomentar la “libre decisión” de la mujer y, en especial, la libertad sexual, ha restringido el derecho a la vida. Algo así se barrunta ya con una posible ley de eutanasia: libertad para no vivir, una vez estimulada la ausencia de sentido de la vida.
No nos engañemos: este es el objetivo último del laicismo favorecido por el zapaterismo: relegar las convicciones religiosas al ámbito de la conciencia individual, sin expresión en la vida pública. Lo que ocurre es que en este terreno ha tropezado con la firmeza de la fe islámica que ese mismo zapaterismo respeta por encima de las convicciones católicas, acaso por tener las manos atadas con la absurda “alianza de civilizaciones”. A tal sectarismo llega que no duda en subvencionar publicaciones y películas como la recientemente estrenada en Madrid con el título de “El discípulo” en la que se ridiculiza hasta extremos bochornosos la figura de Jesucristo, algo impensable con Mahoma.
En todo caso, algunas de las asociaciones islámicas radicadas en España ya han anunciado su intención de llevar el caso del “hiyab” al Tribunal Constitucional. Será interesante ver qué actitud adoptan estas asociaciones cuando se imponga en las escuelas la educación sexual a menores de edad y se instruya a las niñas sobre la ideología de género, diametralmente opuesta a las convicciones islámicas. Si hasta ahora el Gobierno se ha burlado de las asociaciones cívicas de inspiración cristiana, que han protestado contra el aborto y la educación ideológica impuesta en los colegios, será muy instructivo ver cómo actúa cuando los musulmanes minoritarios emprendan acciones que atenten contra sus principios.
Manuel Cruz es analista político.