(11/11/09).- En concreto esta asociación inglesa, cuyas siglas significan “Observatorio sobre los Recursos del Sáhara Occidental”, considera que el actual convenio pesquero entre la Unión Europea y Marruecos "viola" las leyes internacionales e ignora "el derecho a la autodeterminación" del pueblo saharaui.
Una campaña que ha dado de lleno en un Parlamento Europeo en donde se maneja a diario miles de corrientes de opinión pública diversas, y en donde ayer se dio un seminario organizado por el intergrupo del Parlamento Europeo para el Sahara Occidental.
El pacto pesquero entre la UE y Marruecos, que dura cuatro años, ofrece licencias para unos 119 barcos comunitarios, de los que un centenar son españoles. Debido a estas licencias, Bruselas paga a Rabat 40,25 millones de euros como compensación financiera anual, es decir 161 millones en los cuatro años del acuerdo.
Según expuso WSRW en la Eurocámara, de las capturas de la flota comunitaria que trabaja en aguas marroquíes, un 79 por ciento son desembarcadas en el territorio del Sahara occidental, lo que implica que la Comisión Europea (CE) esté dando legitimidad a que los buques comunitarios faenen en aguas saharauis.
La queja fundamental de que se faene en esta zona es que, según la organización inglesa, la población saharaui no ha sido consultada y no disfruta de la explotación de sus recursos. Una queja que va relacionada al conflicto del Sáhara Occidental, de más de treinta años de duración, y que en la actualidad enfrente los intereses de Marruecos que quiere que el territorio forme parte del país bajo un proyecto de autonomía, frente a la iniciativa de referéndum de autodeterminación que exige el Frente Polisario.
En este sentido, la actividad pesquera de los barcos europeos en esas aguas es "contraproducente respecto a los esfuerzos de la ONU para descolonizar el Sahara Occidental y contribuye claramente a prolongar el sufrimiento de la población saharaui", opinan los representantes de WSRW.
Por este motivo, WSRW defiende que se dejen de dar permisos de pesca y que no haya más operaciones extractivas de la UE en el Sahara Occidental hasta que se haya encontrado una solución pacífica al conflicto entre estos territorios y Marruecos.